Resumen: Se desestima el recurso contencioso-administrativo sobre solicitud de compensación de los concesionarios de autopistas por las medidas restrictivas a la movilidad adoptadas durante la pandemia (covid 19) pues las normas de excepción, al igual que el resto de las leyes, son imperativas y de aplicación general a sus destinatarios, imponiendo a todos ellos el deber de soportar las cargas que de ellas se derivan en aras del interés público que justifica su aprobación, de manera que, en principio, solo se puede generar la responsabilidad patrimonial a favor de los afectados por dicha normativa cuando el propio legislador así lo hubiera reconocido o cuando fuere declarada su inconstitucionalidad. Por lo que respecta a las medidas adoptadas durante la vigencia del estado de alarma, el derecho a la indemnización se produce "de acuerdo con lo dispuesto en las leyes", lo cual es conforme con lo previsto en el artículo 116.6 de la Constitución Española en el que se afirma que "La declaración de los estados de alarma, excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocido en la Constitución y en las leyes, lo que no se convierte en un título autónomo en el fundar el derecho a obtener una compensación con independencia de lo dispuesto en las normas legales que regulan esta materia.
Resumen: La Sala estima el recurso interpuesto contra la autorización de ampliación de contrato de transporte escolar sucesivamente prorrogado con previsión de indemnización sólo por los daños y perjuicios generados durante el periodo de suspensión del contrato. Pese a que el contrato estaba extinguido, la Administración nottraificó de forma unilateral y sin audiencia previa la transformación de una solicitud de indemnización por ampliación de contrato. La primera cuestión que resulta llamativa en la resolución recurrida es que se resuelva de forma distinta a la solicitada. Si la administración consideró que la actora no tenía derecho a recibir la indemnización solicitada, debió denegarla de forma motivada y ofrecer, en su caso, la ampliación el contrato como compensación, que no puede acordarse si no es previa solicitud del interesado. Por su parte, la Sala entiende que, aunque pudiera ser dudoso que el contrato suscrito originariamente fuera de gestión de servicios, atendiendo a su duración, con posterioridad, ante la posibilidad de calificarlo como concesión (más próximo a la gestión), la Administración sin ninguna duda lo califica como contrato de servicio. Pero lo que no podría hacer era modificar la solicitud que debió ser resuelta en los términos en que se efectuó.
Resumen: El trabajador demandante solicita el reconocimiento de su derecho a ser incluido en un expediente de regulación temporal de empleo y la condena de la empresa demandada al abono de los perjuicios derivados de dicha no inclusión. La sentencia del Juzgado de lo Social estima parcialmente la demanda y declara el derecho del demandante a su inclusión en el ERTE. La Sala, al analizar los recursos de suplicación de la empresa y del demandante, concluye que la decisión de los trabajadores a incluir en un ERTE corresponde a la empresa y, por tanto, revoca la sentencia recurrida y desestima la demanda.
